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Movimientos sociales y pensamiento crítico

Publicación de Nexos - Programa de articulación entre Universidad y Movimientos Sociales      

Año II, Nº VI                                                                                          Septiembre - Diciembre de 2006 

 

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El mismo combate de los pueblos, en Mesoamérica y Sudamérica, contra los megaproyectos

 

 

por Ileana Valenzuela (1)

 

 

 

 

            El Plan Puebla Panamá (PPP) que firmaron los Presidentes de la Región Mesoamericana (México y Centro América) en El Salvador, el 15 de junio del año 2001, se hizo sin ninguna consulta popular. Tratándose de  un proyecto geopolítico, que continua con las políticas neoliberales impulsadas por Washington desde principios de los años 80, y  que cuenta con financiamiento del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el PPP se define en el contexto del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y de los Tratados de libre comercio que los Estados Unidos han establecido con los países de la región centroamericana  (CAFTA), con el fin de liberar los mercados, eliminar toda barrera a los capitales extranjeros y minimizar las funciones sociales del Estado para dar todas las prerrogativas al sector privado.

            El PPP se propone construir en el sur de México y en los siete países centroamericanos (incluyendo a Belice y Panamá) toda una serie de megaproyectos. Entre ellos: hidroeléctricas e interconexiones eléctricas, un gasoducto entre Puebla y Panamá, carreteras de cuatro o más vías, aeropuertos, redes de comunicación, turismo a gran escala, explotaciones mineras, el desarrollo de la privatización sostenida, con el fin de crear todas las infraestructuras necesarias para agilizar el flujo de mercaderías y hacer  competitivos los diferentes países de la región, de atraer la inversión extranjera y permitir a las corporaciones transnacionales y al gran capital financiero que aprovechen las ventajas comparativas de los diferentes países (situación geográfica, mano de obra y recursos naturales baratos y rica biodiversidad).

            La firma del PPP es una prueba de la dependencia y sumisión absolutas de los diferentes gobiernos de la región mesoamericana con las políticas hegemónicas de los  Estados Unidos y las agencias internacionales como el Banco Mundial, políticas éstas que presentan al plan como la vía del progreso que permitirá terminar con la pobreza y el subdesarrollo de la región.

            La realidad es la siguiente: el PPP se orienta únicamente a satisfacer las necesidades de los inversionistas y de las elites nacionales y extranjeras, dejando de lado las necesidades de la población, provocando un mayor empobrecimiento y una destrucción ambiental generalizada, a la vez que aumenta la deuda externa y la dependencia en la que se encuentran los países mesoamericanos.

 

            En diferentes países, las comunidades campesinas manifestaron su oposición y resistencia desde el inicio y empezaron a buscar alternativas de desarrollo rural comprendiendo el objetivo del PPP: despojarlas de sus tierras para construir megaproyectos que tendrían un fuerte impacto tanto social como ambiental; tendían a desplazarlas de sus territorios y a pasar por sobre todos sus derechos en tanto seres humanos.

            A pesar de ello, los gobiernos de la región mesoamericana siguen dando su apoyo al plan de manera discreta e inconsulta a fin de evitar toda resistencia de la población, de manera que el PPP existe y avanza a grandes pasos. Mesoamérica está sumida en una dependencia mayor que nunca, lo que la pone completamente a  merced de empresas transnacionales y de los grandes poderes mundiales.

            Los recursos públicos de los diferentes países se han seguido canalizando la creación, ampliación o modernización de infraestructuras viales, de comunicaciones y energéticas, que benefician a las grandes agencias financieras internacionales, a las corporaciones transnacionales, a los gobiernos entreguistas y a las elites, ignorando a las poblaciones locales cada vez más pobres y marginadas.

            Sin embargo, el PPP y sus objetivos no se circunscriben a Mesoamérica sino que forman parte de una política mundial según la cual el capital, que ya no es suficientemente rentable en las actividades industriales, se invierte en megaproyectos e infraestructuras en los que el retorno de capital es más rápido y el dinero llega a concentrarse con más facilidad en las manos de pocas transnacionales de construcción, maquinaria y equipo, petróleo, materiales, etc.

            En el año 2000, en la Cumbre de Presidentes realizada en Brasilia, doce mandatarios firmaron el plan de Integración e Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en el cual se proyectaron grandes obras de infraestructura, tales como canales, autopistas, mega represas, oleoductos, gasoductos, extracciones mineras, carreteras, e industrias contaminantes.

            Este plan, inserto en el modelo neoliberal de mercantilización y privatizaciones, se hizo también a espaldas del pueblo y de sus intereses generando más destrucción y desigualdad.

            Como el PPP, el IIRSA pretende desarrollarse en áreas de energía, transporte y comunicaciones en América del Sur, con vistas a crear las condiciones necesarias para atraer una mayor inversión extranjera, lo que significa una mayor explotación de sus recursos, una mayor degradación de la naturaleza y de los recursos mineros de los pueblos.

La coordinación técnica y el funcionamiento del plan se delegó desde el inicio a los tres bancos multilaterales de desarrollo regionales: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Desde una visión estratégica de negocios, estos bancos propusieron un Plan de Acción con un plazo de diez años, supuestamente para hacer realidad las aspiraciones de integración regional que se vienen ejecutando. Sin embargo,  el IIRSA es un megaproyecto multiempresarial para las multinacionales y los organismos internacionales de crédito, que seguramente pondrá en peligro algunas de las culturas y de los ecosistemas más delicados de la región (Chimuris Sosa, Ramiro, 2006).

En Colombia, el presidente Álvaro Uribe afirmó que durante su segundo mandato va a vincular al país con el Plan Puebla Panamá, lo que significa la construcción de un oleoducto desde Texas hasta Colombia al igual que una carretera Panamá-Colombia y una línea de  transmisión eléctrica en el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Darién, que tendrán fuertes impactos sociales y ambientales. Junto con Venezuela, Colombia y Panamá, se prevé también explotar los yacimientos de gas en Colombia y  Venezuela, así como realizar la interconexión con Panamá para el suministro de  gas a la región.

            El presidente Hugo Chávez ha propuesto construir un gran Gasoducto del Sur que unirá Venezuela y Argentina pasando por Brasil e incluyendo a Paraguay, Bolivia y Uruguay; el mismo iría desde los yacimientos en Venezuela hasta Argentina, a través de Brasil con un recorrido de más de 8.000 kilómetros que atravesaría las tres principales cuencas hidrográficas de América del Sur: la cuenca del Orinoco, del Amazonas y del Río de La Plata.  El Gasoducto del Sur transportaría unos 150 millones de metros cúbicos de gas con un costo total estimado en unos 23.000 millones de dólares y estaría a cargo de las empresas estatales ENARSA, de Argentina; PETROBRAS, de Brasil; YPBF, de Bolivia y PDVSA, de Venezuela; su construcción demandaría entre seis y siete años, calculándose que entrará en operaciones en 2017, mientras que sus impactos serán innumerables, enormes e irreversibles por donde atraviese (Oil Watch, 2006).

            En Uruguay y Argentina, las fábricas de pasta de celulosa, que las empresas Botnia (finlandesa) y Ence (española) instalarán en el departamento Río Negro del Uruguay, tendrán un impacto muy fuerte sobre el río del mismo nombre, afectando el ambiente en ambas orillas, favoreciendo la apropiación de los recursos naturales por los inversores transnacionales y usando una tecnología que producirá cloro que, al mezclarse con el agua, creará dioxinas y afectará a la salud de las personas pues es un cancerígeno muy difícil de degradar.

            En Chile, las mineras están contaminando el agua que se usa para la agricultura y la gente ha tenido que abandonar sus cultivos, mientras que la contaminación de las minas y las grandes transnacionales de la pesca, están terminando con el recurso marítimo y los pescadores tradicionales. Tanto en Chile como en Argentina, las grandes transnacionales mineras están tratando de extraer el último vestigio de minerales que quedan.

            En todo el continente se está despojando a la gente de sus tierras desplazando a los productores rurales que se ven arruinados por las importaciones de cereal y grano estadounidenses y tienen que emigrar. Los gobiernos apoyan a los grandes empresarios agrarios dedicados a la exportación y están convirtiendo al campo en enormes plantaciones (como las de soja transgénica en Argentina) o en zonas de pastoreo, desplazando campesinos indígenas y no indígenas mientras que, para evitar toda oposición, cada vez es mayor la militarización  y la violencia contra el campesinado.

            Los gobiernos justifican la construcción de todos estos megaproyectos bajo el supuesto de que están impulsando el desarrollo y luchando contra la pobreza. Sin embargo, fácilmente se constata que por medio de estas grandes obras el capital internacional sigue expandiéndose, los pueblos ven degradada su calidad de vida y la naturaleza se destruye. Es triste que los recursos, esfuerzo y trabajo que podrían ser empleados en construir otro tipo de sociedad, en la que se respetaran e hicieran felices a las personas y se conservara y regenerara a la naturaleza, se están gastando en obras que, no solamente nada tienen que ver con el bienestar de la población sino que ni siquiera es seguro que sirvan para los propósitos que se les atribuyen.

            La economía mundial difícilmente podrá absorber, a precios lo suficientemente elevados; como para hacer rentable las transacciones, todas las mercancías que supuestamente transitarán por el continente americano; el petróleo se pondrá cada vez más caro elevando los costes de transporte y haciendo menos rentable la apertura del comercio internacional; las compañías mineras, pesqueras, madereras y agroindustriales, pronto despojarán a los diferentes países de sus recursos.

            En ese contexto, el objetivo de construir grandes infraestructuras por todas partes puede explicarse únicamente por los grandes beneficios que esta actividad procura a corto plazo a las agencias financieras internacionales, a los gobiernos y a las empresas transnacionales implicadas en su construcción. Las personas que dirigen estas instancias en lo único que están interesadas es en incrementar su poder económico y político por medio de los negocios millonarios y, de ninguna manera están preocupadas por los graves impactos que causan en la población y en el ambiente cultural y natural.

            Esta es una preocupación de los pueblos que luchan en todos los países contra los megaproyectos y que cada vez se suman a la necesidad de ligar la resistencia y la oposición a la definición e implantación de alternativas de vida que, con múltiples dimensiones (políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales), se adapten a la diversidad de los diferentes pueblos y tengan como finalidad la felicidad de todos los seres humanos y el respeto por la naturaleza.

Estas luchas, sin embargo, aún no logran consolidarse en una fuerza lo suficientemente poderosa como para invertir los procesos de destrucción que existen actualmente. El sistema ha creado demasiadas divisiones entre indígenas y no indígenas, campesinos y no campesinos, zonas rurales y urbanas, mujeres y hombres, lo que nos fracciona y debilita, por lo que se necesita romper con las divisiones creadas por el sistema para luchar en forma unida. Se necesita emprender un enorme esfuerzo de información crítica, reflexión y debate, tanto en Sudamérica como en Mesoamérica, desde un punto de vista organizativo y que la población se vuelva cada día más consciente de la forma en la que funciona el sistema actual y de las posibilidades de construir uno diferente con diferentes formas de producir, de comercializar y consumir pero, también con diferentes formas de organizar y administrar la sociedad con diferentes valores y objetivos sociales.

 

 

 

(1) Miembro de la Asociación Solidaria de Acción y Propuesta de Petén (ASAPP), Guatemala.

 

 

 

 

 

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